La ONU ha adoptado esta postura a raíz de la decisión de los dos grandes partidos de Nicaragua (Frente Sandinista de Liberación Nacional y Liberal Constitucionalista) de prohibir y penalizar sin excepciones el aborto en el país centro-americano. Esta reforma legal se realizó en el año 2006 y ahora, el comité urge al estado nicaragüense a revertirla de manera inmediata, demandando flexibilidad "tal como fue recomendado por el Consejo de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales".
Las instituciones gubernamentales evitan comentarios sobre el tema. Por su parte, la Iglesia Católica ya ha mostrado su rechazo por este posicionamiento en favor del aborto diciendo que su postura sobre estos temas es «inalterable».
La ley contra el aborto terapéutico es una tortura. Causa dolor y sufrimiento, fue impuesta con motivaciones específicas, refleja el propósito de intimidar y coaccionar a mujeres y médicos, como trata de imponer una creencia religiosa a costa de la salud, aun cuando el país es laico según la Constitución, y es infligida como política de Estado"
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